Recientemente, durante un debate televisado de la campaña a
las próximas elecciones vascas, se ha producido un episodio que nos atrevemos a
calificar de dramático, por lo que encierra y sustenta, más allá de la inusual actuación de algunos políticos
lanzados habitualmente a la caza de votos, cuesten lo que cuesten.
El caso es que Pili Zabala, candidata por Podemos en esos
comicios, interpeló a Alfonso Alonso, a la sazón exministro en funciones del
gobierno del Partido Popular y actual candidato por su partido a presidir el
gobierno vasco, que respondió nervioso y dubitativo, como escolar pillado en
falta, y a lo cual siguió una larga, larguísima, y más que elocuente mirada
silenciosa por parte de la señora Zabala.
Hay que recordar que Pili Zabala es hermana de José Ignacio
Zabala, que fue secuestrado en el sur de Francia junto a José Antonio Lasa en
1983. Ambos fueron posteriormente torturados, asesinados y desaparecidos por los GAL, grupo de triste
recuerdo encabezado por el comandante de la Guardia Civil Enrique Rodríguez
Galindo. Años después los cadáveres fueron localizados en la provincia de
Alicante enterrados en cal viva. Esa cal viva, que su sola mención puede sonar
como una granada de fragmentación en el seno del Parlamento de la nación, pero
que no quita ni pizca de veracidad a su existencia y a su utilización para fines
criminales por individuos sospechosamente cercanos al aparato estatal de
entonces.
Pero volvamos al debate televisado que enfrentó el otro día a
la candidata de Podemos y al balbuceante candidato popular, y que Televisión
Española no tuvo a bien reflejar en sus noticias (pero eso ya es otra
sonrojante historia). ¿Qué pudo preguntar Pili Zabala a Alfonso Alonso para que
éste se situara en un espacio tan cercano al “tierra trágame”, y que no le
quedara más remedio que rogar con su agónica mirada el capotazo salvador del
moderador del programa televisivo?
Pues sencillamente preguntó si aquel la consideraba a ella
una víctima del terrorismo o no. Cuestión esta que, por evidente, probablemente
podría ser respondida más allá de nuestras fronteras con suma facilidad, pero
que aquí, dada la tradicional tendencia de los poderes a ocultar todo lo
incómodo en zanjas, cunetas y fosas comunes, se traslada siempre al lado
oscuro.
Por supuesto que los familiares de José Ignacio Zabala, los
familiares de José Antonio Lasa y los de muchos otros (incluidos los de los
tres jóvenes santanderinos asesinados en el llamado “Caso
Almería”, que han solicitado infructuosamente durante años ser reconocidos como
tal) son víctimas de terrorismo.
Acogerse a dictámenes y subterfugios legales creados por el
propio Estado para protegerse a sí mismo de algo que solamente daña a su
credibilidad, tal como hizo torpemente Alfonso Alonso, no sirve más que para
retrasar lo innegable, para apuntalar las trincheras y para, en definitiva,
socavar aún más las carencias democráticas de las instituciones del Estado.
Hora es ya de que, por esa salud democrática con la que
tantos se llenan la boca, se obvien las diferencias que, dependiendo del sujeto
que la ejerza, se han creado con la violencia y se superen los distingos en el
dolor que interesadamente, algunos, formulan aún hoy para las víctimas.